Columna publicada originalmente en El Mercurio Legal el 11 de noviembre de 2026. Leer el original en El Mercurio
La primera sentencia condenatoria dictada en Chile bajo el nuevo régimen de delitos ambientales deja una señal que trasciende el ámbito penal: un mismo hecho puede generar distintas consecuencias jurídicas cuando concurren los presupuestos de cada régimen de responsabilidad.
Conviene hacer una prevención. Se trata de una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia y susceptible de ser impugnada conforme a las reglas procesales aplicables. Por lo mismo, sus conclusiones todavía pueden ser revisadas.
El 19 de octubre de 2026, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó por contaminación ambiental con resultado grave, a propósito de intervenciones realizadas en el sector El Yeco, comuna de Mariquina. El tribunal tuvo por acreditados, entre otros hechos, el vertimiento de tierra sobre un humedal palustre a orillas del río Lingue, la afectación de flora y fauna y la intervención de cursos de agua que alimentaban ese ecosistema.
El interés del caso no radica únicamente en la aplicación del nuevo delito. Antes del proceso penal, parte de los hechos ya había sido objeto de procedimientos sectoriales y ante el Juzgado de Policía Local. Existían multas, obligaciones de reforestación y medidas destinadas a regularizar determinadas intervenciones.
La defensa sostuvo que esas decisiones impedían una nueva persecución penal y alegó cosa juzgada. El tribunal rechazó el planteamiento. Consideró que no existía identidad de sujetos, de lo pedido ni del fundamento jurídico de ambas persecuciones. En particular, sostuvo que el fundamento de las sanciones administrativas era distinto del reproche penal y recordó que el artículo 78 bis del Código Penal reconoce expresamente la compatibilidad entre responsabilidad administrativa y penal.
Ahí aparece una de las principales lecciones del fallo.
El Derecho Ambiental chileno contempla mecanismos que cumplen funciones diferentes. La responsabilidad administrativa fiscaliza y sanciona el incumplimiento de normas, permisos y obligaciones. La acción por daño ambiental persigue la reparación del medio ambiente dañado. La responsabilidad civil busca indemnizar los perjuicios sufridos por terceros. Y el Derecho Penal interviene cuando la conducta satisface los elementos de alguno de los delitos establecidos por el legislador.
No se trata de acumular sanciones indiscriminadamente. Cada régimen responde a una pregunta distinta: ¿se incumplió una obligación ambiental? ¿Se produjo un daño que debe repararse? ¿Existen personas que sufrieron perjuicios indemnizables? ¿La conducta reúne los elementos necesarios para constituir un delito?
Esta distinción es especialmente relevante desde la entrada en vigor de la Ley N.º 21.595, que incorporó al Código Penal los nuevos atentados contra el medio ambiente.
La sentencia de Valdivia entrega, además, otra señal particularmente interesante: pagar una multa no significa necesariamente reparar.
Durante el juicio, la defensa solicitó que las multas previamente pagadas, la regularización de planes de manejo y determinadas medidas de reforestación fueran consideradas para efectos de las atenuantes relacionadas con la reparación del daño. El tribunal rechazó esa pretensión y estimó que esas actuaciones estaban vinculadas al cumplimiento de sanciones u obligaciones derivadas de otros procedimientos o correspondían a medidas compensatorias que no restituían el ecosistema a su estado original.
La diferencia tiene importantes consecuencias prácticas. Sancionar, compensar, indemnizar y reparar no son equivalentes.
Una multa sanciona un incumplimiento. Una indemnización compensa económicamente a quien ha sufrido un perjuicio. Una medida administrativa puede corregir una irregularidad. Reparar ambientalmente, en cambio, supone hacerse cargo del componente afectado y adoptar medidas destinadas efectivamente a su recuperación.
La sentencia también aporta un criterio relevante respecto de la gravedad. El tribunal descartó que esta pudiera medirse únicamente por la superficie físicamente intervenida. Consideró las características ecológicas y geográficas de la zona, la duración de los efectos, su posibilidad de reparación y la afectación de servicios o funciones ecosistémicas.
Este nuevo escenario tiene consecuencias directas para empresas y titulares de proyectos. Frente a una contingencia ambiental ya no basta preguntarse cuál podría ser la multa. El análisis debe considerar simultáneamente si existe una infracción administrativa, si se produjo daño ambiental susceptible de reparación, si existen terceros perjudicados y si los hechos podrían, además, configurar un delito.
Esto exige una mirada integrada del riesgo, particularmente en minería, energía, infraestructura, agricultura e inmobiliario, donde una misma intervención puede comprometer permisos sectoriales, resoluciones de calificación ambiental, recursos naturales y componentes ambientales sensibles.
La sentencia de Valdivia muestra así un sistema de responsabilidades distintas, pero potencialmente complementarias. La autoridad administrativa fiscaliza y sanciona; la acción por daño ambiental procura reparar; la responsabilidad civil busca indemnizar; y el Derecho Penal interviene cuando se configuran sus presupuestos propios.
Un mismo hecho ambiental puede, por tanto, generar distintas consecuencias jurídicas, y resolver una de ellas no significa necesariamente haber resuelto todas las demás.
