Entra en vigencia el 13 de noviembre de 2027. Eso da 18 meses para que los proyectos, en operación o en carpeta, evalúen cómo ajustarse al nuevo régimen.
¿Qué cambia en concreto? La ley reorganiza el sector en seis frentes:
→ Estrategia Nacional de Desalinización. El MOP, con propuesta de la DGA, fijará la hoja de ruta para el desarrollo sostenible del sector.
→ Concesiones y destinaciones de desalinización. Nuevo procedimiento, con informe favorable de la DGA antes del otorgamiento.
→ Prioridad para consumo humano. Los proyectos tendrán que aportar hasta un 5% de su capacidad de agua desalinizada para consumo humano o saneamiento.
→ Servidumbres de desalinización. Derecho a constituir servidumbres legales para construir y operar plantas, con indemnización a los predios sirvientes.
→ DGA con más facultades. Mayor capacidad de fiscalización y sanción frente a infracciones.
→ Evaluación ambiental. Los proyectos industriales de desalinización y de extracción intensiva quedan dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sectores con interés directo en esta ley. Proyectos industriales y mineros con desalinización en operación, construcción o pipeline. Operadores sanitarios. Inversionistas con activos costeros. Y cualquier estructura productiva que dependa de agua de mar.
Recomendaciones prácticas para los próximos meses:
1. Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desalinización.
2. Para evitar conflictos en relación con la entrega del 5% del agua para consumo humano, opine.
3. Asegúrese en la constitución de servidumbres voluntarias y judiciales.
4. Incorporar las novedades de la Ley en la tramitación de Estudios de Impacto Ambiental.
En Garnham acompañamos a clientes en derechos de agua, evaluación ambiental y proyectos de infraestructura. Si necesita una lectura específica de cómo esta ley impacta su operación, conversemos.
Nicolás Suazo — Socio Garnham Abogados · nsuazo@garnham.com