El 14 de diciembre pasado, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos la “Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA)”, que viene a complementar la ya existente “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”. Esta aborda el “lado de la oferta” del soborno internacional, mientras que la FEPA lo hará por el “lado de la demanda”; de la corrupción extranjera, procesando a los funcionarios extranjeros que soliciten y reciban sobornos. Lo anterior se hace mediante la incorporación de los funcionarios extranjeros como una nueva categoría en el “Domestic Criminal Bribery Statute” (Ley Nacional de Soborno Criminal).
Descrita como una ley radical, la FEPA -a diferencia de la FCPA- amplía la definición de “funcionarios extranjeros”, abarcando a aquellos que actúan de manera extraoficial y a figuras políticas de alto nivel. En consecuencia, la promulgación de la FEPA aumenta las expectativas de cooperación corporativa en las investigaciones antisoborno, enfatizando la responsabilidad individual.
Además, se anunció el lanzamiento de la “Iniciativa Internacional Corporativa Antisoborno” que tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional mediante el intercambio de información entre países, fomentando la investigación y la persecución eficaz de los delitos de soborno en el extranjero.
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