La Ley 20.659, vigente desde el año 2013, tenía como objetivo simplificar el proceso de constitución, modificación y disolución de sociedades. Aunque ofrece ventajas significativas en términos de agilidad y reducción de burocracia, en la práctica presenta inconvenientes que pueden afectar a las empresas que deciden acogerse a este régimen.
Entre las principales desventajas se encuentra la limitación en la flexibilidad del contenido de los estatutos. Al crearse y modificarse en base a formularios estándar, dichos formatos preestablecidos pueden no ser adecuados para empresas con necesidades más específicas o estructuras más complejas.
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